Primer Congreso Interamericano de redes EPJA EPJA.ppt (3452928)
Formulario de Inscripcion FICHA DE INSCRIPCION ASOC..pdf (55,7 kB)
Acta de Constitucion ACTA DEFINITIVA CONSTITUCION ASOC..pdf (42117)
Reforma Educacional Reforma.ppt (238080)
Introduccion Estatuto ESTATUTO.pdf (119481)
Orientaciones para el Desarrollo del Servicio Educativo: Nuestra Modalidad Orientaciones 2014 Normalizacion Estudios.pdf (747,1 kB)
OPINIONES INTERACTIVAS
Asunto: NUEVA ALIANZA MUNDIAL PARA LA ALFABETIZACIÓN
NUEVA ALIANZA MUNDIAL PARA LA ALFABETIZACIÓN PROMETE INICIATIVAS CONJUNTAS E INNOVACIÓN PARA POTENCIAR EL PROGRESO
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09.Sep.2016
La alfabetización ha mejorado en el mundo y las tasas han aumentado del 56 por ciento en 1956 al 85 por ciento en 2015, pero todavía hay 758 millones de adultos que no saben leer ni escribir una frase sencilla y 250 millones de niños en edad escolar que no están adquiriendo las competencias básicas de lectura, escritura y aritmética y carecen de las aptitudes fundamentales.
La Alianza Mundial para la Alfabetización (GAL, por sus siglas en inglés), que opera en el Marco de Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, fue presentada por la Directora General de la UNESCO, la Sra. Irina Bokova, como parte del Día Internacional de la Alfabetización, (8 de septiembre), y tuvo su origen en la honda preocupación que manifestó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, en relación con el hecho de que el programa mundial de alfabetización no se hubiera cumplido.
Leyendo el pasado, escribiendo el futuro
Este año se conmemora el 50º aniversario de la instauración del Día Internacional de la Alfabetización y la UNESCO lo celebra bajo el lema “Leer el pasado, escribir el futuro”.
La efeméride de 2016 celebra y honra los cinco decenios de participación, esfuerzos y progresos, realizados a escala nacional e internacional para aumentar las tasas de alfabetización en el mundo entero.
Hace 50 años, la UNESCO proclamó oficialmente el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización, a fin de movilizar a la comunidad internacional y fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, las comunidades y las sociedades.
En esta fecha se entregan también los Premios Internacionales de Alfabetización a las personas que han elaborado soluciones extraordinarias para impulsar la alfabetización, con miras a la consecución de la Agenda de Educación 2030. El tema central de este año es la innovación.
Este es también el primer año de ejecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En ese contexto, la perspectiva de la alfabetización se ajusta a la creación de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, con especial atención a los jóvenes y adultos. La alfabetización forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que se propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. La meta consiste en lograr que de aquí a 2030 todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética (Meta 4.6, ODS 4).
Ganadores de los Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO
* Instituto de Investigación de Lenguas y Culturas de Asia (Tailandia) ‘Proyecto de Educación Bi/Multilingüe Tailandés-Malayo de Patani’. Ganador del Premio de Alfabetización UNESCO-Rey Sejong - Centro para la Ayuda al Conocimiento y el Desarrollo Comunitario (Viet Nam).
*Programa ‘Libros para las zonas rurales de Vietnam’ Ganador del Premio de Alfabetización UNESCO-Rey Sejong - Organización ‘Jan Shikshan Sansthan Malappuram’ (India).
*Programa de Equivalencia de Alfabetización y Formación en el Desarrollo de Competencias Profesionales’. Ganador del Premio UNESCO-Confucio de Alfabetización La Dirección de Alfabetización y Lenguas Nacionales (Senegal).
*Programa de Educación Nacional de Alfabetización para Jóvenes y Adultos, a través de las TIC’ Ganador del Premio UNESCO-Confucio de Alfabetización Departamento de Educación Básica (Sudáfrica).
*‘Campaña de Alfabetización de Masas Kha Ri Gude’. Ganador del Premio UNESCO-Confucio de Alfabetización.
Fuente: Unesco. 8 de septiembre 2016
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Asunto: La educación es un derecho social
UPLA-TV CON FRANCISCO JOSÉ SCARFÓ Y ELIONALDO FERNANDES JULIÃO. EDUCACIÓN, CULTURA Y TRABAJO EN CONTEXTO DE ENCIERRO
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La educación es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado y que, como todo derecho, si no reúne las condiciones de acceso de todos los ciudadanos y de cumplimiento pleno, produce privilegios para unos pocos. Pese a que vivimos en una etapa de democracia formal, el ejercicio autoritarista del poder sigue manifestándose en las formas de la corrupción, impunidad, limitaciones en el acceso a la justicia y a la participación política, una distribución de la riqueza y las oportunidades inequitativa, todo lo que se traduce en una mayor exclusión económica, social y política a muchos grupos sociales que ya están en desventaja en la dinámica social.
Sobre esto y en el marco del Congreso “Educación, Cultura y Trabajo en contexto de encierro” convocado por la Universidad de Playa Ancha dialogamos con Francisco José Scarfó, académico de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina y Elionaldo Fernandes Julião, académico de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, porque la educación en establecimientos penales es la única garantía de la condición de ser humano para quienes han delinquido y aunque se considere un castigo justificado, el encierro no debe llevar consigo una privación adicional de los derechos civiles de todos y todas.
Fuente: Upla-TV /15/9/2016
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Asunto: Congreso Nacional de Educación de Adultos
Congreso Nacional de Educación de Adultos congrega a más de 200 personas para compartir experiencias educativas en Los Ríos
4 diciembre, 2014 Prensa Región No comments
La instancia, organizada por la Seremi de Educación en Los Ríos y la Red Tremún de docentes de educación de adultos de la provincia Del Ranco , se realiza hasta el viernes 5 de diciembre en Valdivia.
Estrategias de retención en centros de adultos, cómo fortalecer los microcentros que funcionan en condiciones de encierro, los sentidos del Proyecto Educativo Institucional y las bases curriculares de la educación de personas jóvenes y adultas, son algunos de los temas que se abordarán en el III Congreso de Redes y II Jornada Nacional de Microcentros de Educación para personas jóvenes y adultas, que se realiza entre el 3 y el 5 de diciembre en Valdivia en dependencias del Hotel Melillanca.
La actividad fue inaugurada esta jornada por la Seremi de Educación, Erna Guerra y la coordinadora nacional de Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), Isabel Infante. Además contó con la participación de los Seremis de Gobierno Marco Leal y de Justicia, Alejandro Reyes, el director regional de la Superintendencia de Educación, Cristian Morales y los Jefes Provinciales de Educación de Valdivia, Patricio San Martín y Del Ranco, Ricardo Willschrei.
Tanto el congreso de redes como la reunión de microcentros cuentan con participación de representantes de todo el país, quienes aprovecharán el espacio para reflexionar sobre el tema y compartir experiencias educativas. Para facilitar esta conversación se realizarán varios talleres paralelos.
“Creemos que es fundamental que la educación sea entendida como un derecho social. Para eso la Reforma Educacional que impulsa el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, busca concretar un sistema educativo inclusivo y de calidad, donde nadie quede fuera de las oportunidades educacionales. Es así como es importante generar estas instancia de reflexión , en donde la educación de adultos tiene múltiples desafíos para nosotros como Mineduc de poder entregar las mejores herramientas a las personas jóvenes y adultos que quieren normalizar sus estudios. Es una gran tarea que debemos fortalecer para enfrentar la desigualdad, generar justicia social y alcanzar el desarrollo”, dijo la Seremi Educación en el saludo de bienvenida.
La Coordinadora Nacional de esta modalidad señaló “el desafío de educación de adultos es que sea una educación a lo largo de la vida, en el contexto de la Reforma Educacional, que sea permanente y de calidad para todos y todas. Que se potencie, aumentando la cobertura, contar con bases curriculares distintas, que tengas programas diferentes y esté abierta a todas las necesidades de las personas jóvenes y adultas que aún no han terminado su escolaridad. El mensaje que les entrego a los docentes que hoy nos acompañan desde distintas regiones del país es a que tenemos que trabajar por la educación de adultos y visibilizarla para que la ciudadanía sepa cómo y dónde puede completar sus estudios”.
Jaime Becerra, Coordinador de la Red Tremún, en la instancia destacó que “tomamos la organización de esta importante actividad con mucha responsabilidad y entusiasmo, en conjunto con la Seremi de Educación. Los Congresos anteriores se habían realizado en la zona norte y para ampliar la cobertura se decidió que se desarrolle en nuestra región que hoy recibe a directores, docentes y jefes técnicos de establecimientos que ofrecen esta modalidad educativa”.
Para mañana está contemplada la ponencia de Gonzalo Muñoz, Jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación sobre la Reforma Educacional. Edición 1234
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Asunto: Cuarto Congreso Nacional de Redes Pedagógicas para jóvenes y adultos en Castro
Con gran participación se desarrolló Cuarto Congreso Nacional de Redes Pedagógicas para jóvenes y adultos en Castro
Lunes 16 de noviembre, 2015
Jornada reunió a cerca de 170 profesionales, quienes analizaron la calidad y la pertinencia de la educación para personas jóvenes y adultas y tratar la diversidad de este grupo a la hora de optar por terminar su escolaridad.
Entre los días 26 y 29 de octubre, se realizó en la ciudad de Castro, Chiloé, el Cuarto Congreso Nacional de Redes Pedagógicas de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA).
Para Bernardita Salvo, Coordinadora Regional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas de nuestra Seremi, quien también participó de la actividad, la intervención en la jornada de supervisores de los Departamentos Provinciales Sur, Oriente, Cordillera y Talagante “no sólo fortalece la educación de adultos, sino que nos permite además, construir políticas que den garantías en el acceso a la educación a los sectores sociales excluidos o postergados, posibilitando así su participación crítica y reflexiva en esta compleja sociedad del conocimiento y la adquisición de herramientas culturales que permitan construir mejores condiciones de vida”, enfatizó.
En la oportunidad y en un entorno natural y distinto a los otros tres congresos, cada uno de los equipos de trabajo, compartieron distintas experiencias y reflexiones sobre la educación para jóvenes y adultos, estableciendo mesas de trabajo donde ellos mismos expusieron sobre la organización y jerarquización de contenidos, así como las estrategias implementadas para el desarrollo profesional.
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El trabajo en redes, en tanto, permitió reflexionar sobre el compromiso real por parte del Estado en cumplir con los objetivos propuestos y lograr que todos y todas las personas jóvenes y adultas tengan un espacio en el sistema educativo independiente de sus características que les son propias a cada una de ellas.
En esa línea, para este año, se designaron 40 establecimientos educacionales a lo largo del país para formar parte de los Centros de Educación Permanente, con la finalidad de ayudar a establecer nuevos vínculos con la sociedad entregando la infraestructura y habilitación necesaria a lo largo del tiempo.
A lo anterior, se sumaron 5 escuelas pilotos, 4 en la Región Metropolitana y 1 en cada región, bajo la mirada de Escuela de Segunda Oportunidad.
La actividad reunió a representantes de Redes y Microcentros de todo el país, profesionales de la Secretaria Regional Ministerial de Los Lagos y de la Coordinación Nacional de Educación para Personas Jóvenes y Adultas del Mineduc.
Revisa las imágenes aquí.
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Asunto: LA HUELLA DE 2011
La profunda reforma a la regulación en la educación superior es consecuencia directa del movimiento estudiantil de 2011, el que gatilló que las universidades privadas estuvieran bajo la lupa de diversas instituciones. La Universidad Andrés Bello, creada en 1988 y una de las privadas más antiguas, ha sido investigada por distintos organismos, los que han buscado esclarecer – hasta ahora sin éxito- todas las rutas a través de las cuales su grupo controlador, Laureate, ha sacado sus ganancias, y también cuantificarlas.
Fue finalmente el escándalo de la compra y venta de acreditaciones que se hacía desde la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo que hizo aterrizar el lucro en el Ministerio Público. Doce universidades se incluyeron en una segunda investigación judicial, entre ellas la UNAB. Sin embargo, en abril pasado el fiscal Carlos Gajardo dijo que aunque pudo establecer “la existencia de pagos importantes” de las universidades a sus controladores, la investigación no prosperará.
Pese a que una ley orgánica constitucional prohíbe el lucro en las universidades, no existe una norma que conceptualice el lucro ni una figura penal que lo sancione. Un vacío que deja al Ministerio Público atado de manos.
laureatelogoEl Ministerio de Educación también realizó una investigación a la UNAB. Si bien se ha nombrado a la Andrés Bello entre las casas de estudio cuyas finanzas están siendo analizadas, fuentes del Mineduc aseguraron que la pesquisa se refería exclusivamente a la calidad de su infraestructura. Y afirmaron que la indagación se sobreseyó en enero pasado, luego de que la universidad subsanara las falencias.
Quien sí revisó las cuentas la Andrés Bello fue el Servicio de Impuestos Internos (SII), institución que no habría encontrado inconsistencias con el pago de impuestos. Pero fueron las dudas de los directivos de la propia universidad sobre su comportamiento tributario las que motivaron en 2014 que se decidiera hacer la auditoría externa que encontró CIPER. Un análisis financiero que aporta antecedentes inéditos respecto al mecanismo utilizado por el Grupo Laureate para extraer recursos de sus universidades.
Además de poner en duda que los servicios por los que el plantel paga a Laureate miles de millones se presten efectivamente, que su precio sea el indicado y que éstos sean útiles para el proyecto educacional, la auditoría pone la lupa en el sobreprecio que la universidad paga por el arriendo de sus sedes. El informe señala que podrían existir contingencias tributarias por parte de la institución que podrían derivar en cobros de impuestos adeudados.
LA AUDITORÍA SECRETA
A inicios de 2014 las autoridades de la Universidad Andrés Bello estaban preocupadas. Tanto el rector de la época, Pedro Uribe, como el pro-rector, Jorge Id, habían sido llamados a declarar por la Fiscalía en la investigación que buscó esclarecer si el plantel lucraba con los dineros destinados a la educación de los más de 40 mil estudiantes matriculados en esa institución. Sobre la mesa de los fiscales estaban los millonarios traspasos de dinero de ese plantel a su grupo controlador, Laureate, utilizando exenciones tributarias que otorga el Estado a los planteles de educación.
En paralelo, el centro de alumnos de la carrera de Derecho convocó a un paro de actividades de los alumnos de esa facultad, denunciando el colapso de la infraestructura por el aumento de la matrícula. Exigían además que se transparentaran los envíos de dinero a Laureate. Fue entonces que las autoridades de la UNAB encargaron una auditoría externa para evaluar el cumplimiento tributario de la institución. A esas alturas, el SII también indagaba a la universidad por los traspasos de dinero al grupo controlador.
“Diagnóstico y evaluación de cumplimiento tributario 2010-2013” se titula el estudio realizado por Aptitude Consultores. El trabajo de auditoría tuvo a la vista documentos contables facilitados por el área administrativa del plantel. Se analizaron las remesas enviadas al exterior, los pagos por el arriendo de los edificios que utiliza la universidad, y cada una de las exenciones tributarias que benefician a la institución, para chequear que todo estuviera en regla.
Pero la conclusión de los auditores fue que existían millonarias transferencias que no estaban pagando los impuestos que correspondía. El diagnóstico tributario se explica porque Aptitude detectó que entre 2010 y 2013 la UNAB traspasó a Laureate $30 mil millones (US$43 millones según el valor de cambio actual) gracias a cuatro contratos firmados con sociedades ligadas al controlador: Network Products Agreement, Intellectual Property License, Operational Service Agreement (OSA) e Information Technology Service Agreement.
Además de esos $30 mil millones enviados por la UNAB a Laureate en el exterior, se detectaron otros $3.800 millones (US$5,5 millones) pagados a Laureate en Chile por el contrato OSA (revise aquí el detalle de las remesas de dinero pagadas por la UNAB a Laureate).
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Asunto: Auditoría externa encargada por la UNAB cuestiona transferencias a Laureate
Los estudiantes de la Universidad Andrés Bello llevan más de una semana en toma. Reclaman contra el lucro que merma la calidad de la educación y exigen una auditoría independiente que transparente los pagos a su controlador, Laureate, y el costo de los arriendos. CIPER descubrió que hace dos años la universidad encargó una auditoría externa, la que concluyó que no hay certeza de que los servicios por los que se paga a Laureate se hagan o sean útiles a la institución. Y reveló millonarios sobreprecios en el arriendo de sus sedes a sociedades relacionadas.
El jueves 12 de mayo, los estudiantes de la Universidad Andrés Bello (UNAB) se tomaron cuatro de los cinco edificios del plantel en Santiago. La ofensiva estudiantil revive las movilizaciones que en 2014 protagonizaron los estudiantes de Derecho de esa universidad, en las que instalaron como una de sus demandas más importantes que el grupo controlador de la UNAB –Laureate International Universities–, transparente las remesas de dinero que recibe desde la casa de estudios.
Las sospechas de que Laureate recibe en forma oculta las utilidades obtenidas en su negocio en el área de la educación en Chile –controla las universidades De las Américas, Viña del Mar y la UNAB– son antiguas y han sido insistentemente negadas por sus representantes en el país. Sin embargo, CIPER pudo confirmar que la propia UNAB encargó hace dos años una auditoría externa que concluye que no consta que los servicios por los que supuestamente la universidad paga a Laureate en el exterior, hayan sido efectivamente prestados o que éstos tengan algún beneficio para la institución.
Además, el estudio revela que la universidad paga un alto sobreprecio por el arriendo de sus sedes a sociedades relacionadas. Las conclusiones de dicha auditoría han permanecido ocultas hasta ahora.
unab-en-toma-2La toma masiva de edificios en la universidad con la mayor matrícula del país (46.979 estudiantes en 2015) es la primera que se realiza exclusivamente en contra del lucro en una institución privada. Los alumnos movilizados acusan que Laureate extrae recursos para sacarlos del país y que, con esa operación, se ve mermada la calidad educativa. Reclaman que parte de los dineros generados por sus matrículas y aranceles no son reinvertidos en la universidad, lo que redunda en menor inversión en infraestructura y menor contratación de profesores de planta en las facultades.
La inédita protesta de los estudiantes de la UNAB se produce justo cuando la discusión por la reforma al sistema de educación superior alcanza su peak, previo al ingreso del proyecto que el gobierno enviará al Congreso a inicios de junio, y justo cuando tres senadores de la Nueva Mayoría (Carlos Montes, Andrés Zaldívar y Fulvio Rossi) propusieron permitir el lucro en universidades que no reciban fondos públicos.
El rechazo del movimiento estudiantil y de la mayoría de los rectores de universidades tradicionales a la propuesta, antecedió a la salida de Francisco Martínez de la jefatura de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, pieza clave en el diseño del nuevo proyecto que buscará regular el sistema de educación superior. En el Mineduc aseguran que Martínez pasará a apoyar el trabajo legislativo de la reforma, pero los rumores de un quiebre por diferencias sobre cómo se abordará el lucro en la reforma se mantienen.
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Asunto: El efecto regresivo del Crédito con Aval del Estado (CAE)
A partir de la recopilación y análisis de una serie de datos en la asignación del Crédito con Aval del Estado (CAE), durante el período 2006 – 2014 para las instituciones universitarias, se encontró evidencia que el mecanismo genera efecto redistributivo regresivo. Es decir, una parte importante de los recursos asignados por el CAE benefician a las instituciones privadas de educación superior sin que exista una correspondencia de beneficios hacia los estudiantes.
Una década cumple la implementación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Fue en el año 2006, durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando el sistema de financiamiento comienza su operación investido como un “beneficio del Estado que se otorga a estudiantes que acrediten mérito académico y que necesitan financiamiento para iniciar o continuar una carrera en instituciones de educación superior acreditadas”.
A propósito de dicho aniversario, Pilar Armanet, quien participara en su preparación y tramitación como jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, lo calificó “como uno de los mejores créditos del mundo” (Nota de la Redacción: Pilar Armanet es hoy rectora de la Universidad de Las Américas).
El financiamiento de la educación superior, como medio de transferencia del conocimiento, es la inversión que reporta el mayor retorno (Benjamín Franklin, 1706 – 1790). En este sentido, completar el plan de formación de un estudiante que ingresa al sistema, es un requisito sine qua non para asegurar la transferencia efectiva del conocimiento. Sin embargo, existe una proporción considerable de estudiantes que fracasa en su primer intento de obtener un título en una carrera de nivel superior.
Para estos efectos, el diseño del CAE considera un mecanismo de riesgo compartido en el caso de incumplimiento de pago del crédito. Mientras la persona estudia, la institución de educación superior es la principal garante del cumplimiento de las obligaciones crediticias por deserción académica. El Estado, por su parte, asume como garante de la totalidad de dicho riesgo, una vez que la persona egresa.
La garantía busca, por una parte, disminuir el costo del financiamiento para el estudiante y, por otra, disminuir el riesgo de la deserción académica por factores asociados a conflictos de intereses en las decisiones que toman las instituciones de educación superior.
Uno de dichos conflictos, se origina por la asimetría de información respecto del “mérito académico” del postulante de inicio de una carrera de nivel superior. En efecto, cuando el Estado tiene que financiar a un estudiante de inicio para que curse estudios superiores, no sabe si el estudiante tiene las habilidades y/o la vocación para cumplir con éxito las exigencias del plan de estudios de la carrera de su elección.
Si el estudiante tiene pocas habilidades y/o no tiene la vocación para la carrera elegida, al Estado le convendría no financiarlo. Sin embargo, para la institución con capacidad ociosa, existen incentivos en obtener un contrato beneficioso independiente del nivel de riesgo de deserción académica del postulante. Es más, es posible que aquellos que opten por matricularse en dichas instituciones sean desde el principio aquellos que tengan mayor probabilidad de abandono (Selección Adversa, George Akerlof, 1970).
Los datos disponibles a la fecha, sugieren que el mecanismo de garantía por deserción académica no funciona, transformándose en una generosa fuente de transferencia de recursos a las instituciones de educación superior privadas por la prestación de servicios incumplidos.
En la actualidad, los ingresos por CAE de las instituciones de educación universitaria privadas superan los 2,5 millones de UF ($65 mil millones). Solo en el primer año, tres de cada diez personas de dichas universidades privadas abandona su carrera, lo que implica comprometer garantías por más de 750 mil UF ($19.500 millones).
Sin embargo, como muchos de los estudiantes que desertan se matriculan en otra institución, las cifras efectivas por deserción académica no superan el 2%, lo que en monto representa la ejecución efectiva de garantías por cifras inferiores al 4%: es decir, alrededor de 100 mil UF ($2.600 millones). El margen de ganancias para la institución es de 650 mil UF (17 mil millones), lo que genera altos incentivos por recibir postulantes sin el “mérito académico” suficiente.
Este fenómeno podría explicar, en parte, el vertiginoso crecimiento de la matrícula en el sistema privado y el consiguiente aumento de la utilización del sistema de crédito con garantías CAE.
Con estas cifras es entendible el calificativo de “el mejor crédito del mundo” que acuñó una de sus creadoras y que ahora desempeña un alto cargo en el sistema privado de educación superior.
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Asunto: El efecto regresivo del Crédito con Aval del Estado (CAE)
A partir de la recopilación y análisis de una serie de datos en la asignación del Crédito con Aval del Estado (CAE), durante el período 2006 – 2014 para las instituciones universitarias, se encontró evidencia que el mecanismo genera efecto redistributivo regresivo. Es decir, una parte importante de los recursos asignados por el CAE benefician a las instituciones privadas de educación superior sin que exista una correspondencia de beneficios hacia los estudiantes.
Una década cumple la implementación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Fue en el año 2006, durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando el sistema de financiamiento comienza su operación investido como un “beneficio del Estado que se otorga a estudiantes que acrediten mérito académico y que necesitan financiamiento para iniciar o continuar una carrera en instituciones de educación superior acreditadas”.
A propósito de dicho aniversario, Pilar Armanet, quien participara en su preparación y tramitación como jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, lo calificó “como uno de los mejores créditos del mundo” (Nota de la Redacción: Pilar Armanet es hoy rectora de la Universidad de Las Américas).
El financiamiento de la educación superior, como medio de transferencia del conocimiento, es la inversión que reporta el mayor retorno (Benjamín Franklin, 1706 – 1790). En este sentido, completar el plan de formación de un estudiante que ingresa al sistema, es un requisito sine qua non para asegurar la transferencia efectiva del conocimiento. Sin embargo, existe una proporción considerable de estudiantes que fracasa en su primer intento de obtener un título en una carrera de nivel superior.
Para estos efectos, el diseño del CAE considera un mecanismo de riesgo compartido en el caso de incumplimiento de pago del crédito. Mientras la persona estudia, la institución de educación superior es la principal garante del cumplimiento de las obligaciones crediticias por deserción académica. El Estado, por su parte, asume como garante de la totalidad de dicho riesgo, una vez que la persona egresa.
La garantía busca, por una parte, disminuir el costo del financiamiento para el estudiante y, por otra, disminuir el riesgo de la deserción académica por factores asociados a conflictos de intereses en las decisiones que toman las instituciones de educación superior.
Uno de dichos conflictos, se origina por la asimetría de información respecto del “mérito académico” del postulante de inicio de una carrera de nivel superior. En efecto, cuando el Estado tiene que financiar a un estudiante de inicio para que curse estudios superiores, no sabe si el estudiante tiene las habilidades y/o la vocación para cumplir con éxito las exigencias del plan de estudios de la carrera de su elección.
Si el estudiante tiene pocas habilidades y/o no tiene la vocación para la carrera elegida, al Estado le convendría no financiarlo. Sin embargo, para la institución con capacidad ociosa, existen incentivos en obtener un contrato beneficioso independiente del nivel de riesgo de deserción académica del postulante. Es más, es posible que aquellos que opten por matricularse en dichas instituciones sean desde el principio aquellos que tengan mayor probabilidad de abandono (Selección Adversa, George Akerlof, 1970).
Los datos disponibles a la fecha, sugieren que el mecanismo de garantía por deserción académica no funciona, transformándose en una generosa fuente de transferencia de recursos a las instituciones de educación superior privadas por la prestación de servicios incumplidos.
En la actualidad, los ingresos por CAE de las instituciones de educación universitaria privadas superan los 2,5 millones de UF ($65 mil millones). Solo en el primer año, tres de cada diez personas de dichas universidades privadas abandona su carrera, lo que implica comprometer garantías por más de 750 mil UF ($19.500 millones).
Sin embargo, como muchos de los estudiantes que desertan se matriculan en otra institución, las cifras efectivas por deserción académica no superan el 2%, lo que en monto representa la ejecución efectiva de garantías por cifras inferiores al 4%: es decir, alrededor de 100 mil UF ($2.600 millones). El margen de ganancias para la institución es de 650 mil UF (17 mil millones), lo que genera altos incentivos por recibir postulantes sin el “mérito académico” suficiente.
Este fenómeno podría explicar, en parte, el vertiginoso crecimiento de la matrícula en el sistema privado y el consiguiente aumento de la utilización del sistema de crédito con garantías CAE.
Con estas cifras es entendible el calificativo de “el mejor crédito del mundo” que acuñó una de sus creadoras y que ahora desempeña un alto cargo en el sistema privado de educación superior.
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Asunto: PROBLEMAS EN ECUADOR
Cuando la Universidad de Las Américas llevaba siete años funcionando en Chile, en 1995, uno de sus fundadores decidió crear una filiar en Quito, Ecuador. De esa forma nació UDLA Ecuador, la que con el tiempo se independizó, aunque de todas formas terminó bajo el control de Laureate.
UCLA Ecuador
UDLA Ecuador
En 2005 el holding internacional ingresó a la propiedad de esa universidad, la que hoy enfrenta una investigación encargada por el gobierno de Rafael Correa debido a que al Servicio de Rentas Nacionales de Ecuador le llamó la atención la gran cantidad de recursos que ese plantel remesa al exterior, en especial a Chile y a Holanda. Según dijo a CIPER un funcionario del gobierno ecuatoriano, entre 2012 y 2015 el Consejo de Educación Superior de ese país detectó el envío de US$50 millones al extranjero, por “servicios no tan claros”.
El modelo de negocio implementado por Laureate en Ecuador es el mismo que en Chile: venta de servicios. La UDLA de ese país tiene participación accionaria (cerca de un 5%) en la inmobiliaria que el holding utiliza en Chile para arrendarle edificios a sus universidades, Inmobiliaria Educacional SpA (IESA). En Ecuador investigan si los edificios utilizados por UDLA en ese país pertenecen a la inmobiliaria chilena de Laureate, y si esos inmuebles son arrendados al plantel para así extraer recursos.
En 2009 el gobierno de Correa inició una profunda reforma a la educación superior ecuatoriana, la que incluyó la prohibición efectiva de tener fines de lucro, lo que obligó a Laureate a salir de la propiedad de la UDLA, aunque continuó prestándole servicios, manteniendo el negocio. El caso ecuatoriano es relevante como ejemplo de lo que podría ocurrir en Chile, donde la reforma a la educación superior presentada por el gobierno apunta a que las entidades con fines de lucro deben dejar el control de las universidades.
En el informe 2015 ante la SEC de Estados Unidos, el grupo también se refirió a las pérdidas económicas que le generó el cambio a las reglas del juego en Ecuador: US$ 43,7 millones al segundo semestre de 2012.
La investigación abierta en Ecuador en contra de la UDLA (y en contra de otras tres instituciones acusadas también de tener vínculos con paraísos fiscales) podría derivar en que el gobierno le quite la exención tributaria de la que goza la institución por sus servicios educacionales.
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Asunto: EL NEGOCIO DE LAUREATE
En el informe 2015 que Laureate presentó ante la SEC de Estados Unidos (Securities and Exchange Comission, un símil de la Superintendencia de Valores de Chile) el grupo se refiere en forma extensa a los contratos que mantiene con sus instituciones en Chile. Describe las ganancias que ha obtenido gracias al negocio inmobiliario y también manifiesta la incertidumbre que le genera los cambios en la regulación a la educación superior.
El documento detalla todas las investigaciones que pesan sobre sus instituciones en Chile, y dice que dependiendo de los resultados de esas indagaciones o de los cambios legales, sus negocios podrían verse afectados: “Cualquier interrupción en nuestras operaciones en Chile tendría un efecto material adverso en nuestra condición financiera y resultados de operación”.
En términos contables, el grupo controlador define a sus universidades en Chile como “entidades de interés variable” (VIE, por sus siglas en inglés), ya que la legislación no permite reconocer accionistas y a que tampoco pueden existir dueños de las universidades, porque estas no pueden lucrar, pero el holding es el principal beneficiario económico de su actividad. El grupo entrega tres variables para mantener su interés en estos planteles: la venta de servicios a las casas de estudio, la posibilidad de desarrollar el negocio inmobiliario con ellas y que esté abierta la opción de que el grupo pueda vender la capacidad de gobernar esas instituciones, lo que les permitiría tener retornos.
Hasta ahora, la reforma a la educación superior les permitiría seguir desarrollando los dos primeros negocios de manera indirecta, aunque no es claro cómo asegurarían que las nuevas autoridades administrativas de las universidades, cuyo control debieran abandonar, optaran por seguir contratando sus servicios y arrendando sus edificios. En el documento, Laureate advierte que en algunos países podría haber cambios legales que pusieran en jaque su control. Ya les sucedió en Ecuador en 2010, donde actualmente enfrenta otras investigaciones (ver recuadro).
“Si no somos capaces de mantener nuestros derechos de control de los nombramientos para los órganos de gobierno (directorios), nuestra capacidad de obtener beneficios económicos de estas instituciones puede ser muy limitada, incluso no ser capaces de transferir el control de las instituciones de una manera que nos diera un retorno a nuestra inversión (vender los planteles) o no ser capaces de implementar o mantener acuerdos de servicio con esas instituciones”, dice Laureate en su informe.
Ante la preocupación de que las regulaciones cambien, Laureate identifica una serie de posibilidades que podrían tomar las autoridades para con sus instituciones: revocar la licencia o la acreditación a esas universidades, prohibir los negocios con sociedades relacionadas, imponer multas que impacten el rendimiento del negocio, obligarlos a salir del control de los planteles, y no permitir que puedan vender el control que mantienen en ellos. “Si no somos capaces de recibir beneficios económicos de estas instituciones, tendría un efecto adverso en nuestros resultados de operación y situación financiera”, concluye el grupo en su informe 2015.
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